Tras la pandemia, la inasistencia escolar alcanzó niveles críticos, afectando la precisión de los reportes del Simce. Un grupo de investigadores propone integrar datos de estudiantes ausentes para una evaluación más inclusiva y fiel, evidenciando las brechas de aprendizaje y orientando políticas públicas hacia la equidad educativa.

En los últimos años —especialmente tras la pandemia—, la inasistencia escolar ha aumentado significativamente, afectando directamente los resultados del Simce. En ciertos niveles educativos, la proporción de estudiantes que no rinden la prueba creció hasta en un 50% en comparación con los niveles previos a la crisis sanitaria. Esta situación, según un equipo de investigadores, está distorsionando la comprensión de la realidad educativa postpandemia.

Con el objetivo de evidenciar esta problemática y proponer soluciones, un grupo de expertos integrado por Susana Claro (Escuela de Gobierno UC y directora de la red Por un Chile que lee), Fabián Ramírez (Por un Chile que lee), Eddie Escobar (Escuela de Gobierno UC) y Patricio Rodríguez (CIAE, Universidad de Chile), con el apoyo del Centro de Políticas Públicas UC, desarrolló el estudio «Simce con los que faltan: propuesta de reporte de puntajes Simce que incluya a la población sin información».

En esta entrevista, Susana Claro profundiza en las brechas detectadas, los motivos de la inasistencia y las modificaciones sugeridas para hacer de esta evaluación un instrumento más inclusivo.

Brechas identificadas

¿Qué problemas detectaron al reportar los puntajes de forma estándar, y por qué es esencial integrar a la población sin información?
El principal problema es que, tras la pandemia, el porcentaje de estudiantes que no participan en el Simce aumentó alrededor de un 50%. Por ejemplo, antes, en cuarto básico, teníamos datos para el 90% de los estudiantes; es decir, solo un 10-12% quedaba fuera, y esta cifra era estable cada año. Hoy, esa cifra supera el 15% en algunos niveles. Esto significa que, al compararnos con la situación prepandemia, estamos analizando datos que no necesariamente reflejan al mismo grupo de estudiantes o de matrículas.

La investigadora añade que esto genera problemas de interpretación, ya que el sistema educativo no solo debe atender a quienes están en las aulas, sino también a quienes están en riesgo de exclusión o ya han abandonado. «Muchos de los estudiantes ausentes podrían estar enfrentando mayores dificultades académicas que sus compañeros. Ignorarlos implica una mirada incompleta de la realidad, lo que a su vez conduce a respuestas insuficientes desde las políticas públicas», explica Susana Claro.

Impacto en las políticas educativas

¿Cómo afecta la falta de datos a la comprensión del aprendizaje, y qué beneficios podría traer su propuesta?
Antes, no se consideraba el desempeño de quienes faltaban porque era un grupo reducido y estable. Hoy, en cambio, hay comunas y escuelas donde la inasistencia es alarmante. No tener información sobre su desarrollo académico nos lleva a sobreestimar los resultados: los puntajes promedio de un colegio, una región o el país pueden parecer mejores de lo que realmente son.

La propuesta de integrar estos datos busca evitar estas distorsiones y asegurar una asignación más equitativa de recursos. «En segundo medio, por ejemplo, casi un 20% de los estudiantes carece de información, y nuestras estimaciones muestran que probablemente tengan niveles muy inferiores al promedio. Si los ignoramos, estamos dejando fuera a quienes más apoyo necesitan», enfatiza.

Cambios en la percepción ciudadana

Susana Claro explica que el Simce no es una descripción exhaustiva de la calidad educativa, sino una aproximación que incluye dimensiones académicas y socioemocionales. Sin embargo, al excluir a los estudiantes ausentes —quienes generalmente enfrentan mayores rezagos—, los resultados parecen mejores de lo que realmente son.

«Incluir a este grupo, ya sea reportándolos por separado o estimando su desempeño, ofrece un panorama más fiel de la realidad. Probablemente evidenciaríamos mayores desigualdades, lo que podría orientar mejor las políticas públicas. Además, permitiría a la ciudadanía entender que la calidad educativa no se mide únicamente con un puntaje; el ausentismo también es un síntoma de los desafíos del sistema», afirma.

Como ejemplo, la experta señala que antes de la pandemia, un 40% de los estudiantes de cuarto básico superaba el nivel mínimo de lectura para su edad. En 2023, si se consideran solo quienes rindieron la prueba, ese porcentaje sube al 44%. Sin embargo, al incluir a quienes no participaron, la cifra real desciende al 37%, aún por debajo de los niveles prepandemia.

Propuesta de cambios

¿Qué desafíos o resistencias anticipan para implementar esta propuesta?
El equipo de investigadores propone tres estrategias para abordar esta problemática:

1. Incluir un cuarto grupo de estudiantes «sin información» en los reportes oficiales, junto con los niveles de logro definidos por la Agencia de la Calidad.
2. Estimar rangos de desempeño para los estudiantes ausentes, basándose en supuestos razonables.
3. Distinguir casos específicos, como estudiantes con necesidades educativas especiales o en programas de integración escolar (PIE).

Estos cambios, reconoce Claro, podrían generar inquietudes, especialmente por modificar un sistema que lleva años funcionando de la misma manera. «Añadir nuevas categorías puede causar confusión o romper con hábitos históricos, pero es un paso necesario. El ausentismo postpandemia no es un fenómeno menor. No podemos ignorar a quienes no asisten a clases; debemos visibilizarlos y así mejorar las políticas educativas«, enfatiza.

Medición más integral

¿Qué otros avances proponen para una medición más útil del sistema educativo?
Claro sugiere ampliar el análisis a estudiantes que abandonan el sistema por completo, ya sea durante el año escolar o antes de terminar su trayectoria educativa. «Debemos preguntarnos cuántos comenzaron primero básico y cuántos siguen en el sistema a la edad esperada. Esto también habla de la calidad del sistema: ¿estamos reteniendo a todos los estudiantes?«, reflexiona.

Asimismo, propone categorizar mejor a los estudiantes sin información, identificando si su ausencia se debe a necesidades educativas especiales, problemas socioeconómicos o exclusión sistemática. «Esta información es crucial para diseñar políticas públicas que prioricen a los grupos más vulnerables«, destaca.

En un ejemplo adicional, Susana Claro menciona que, según la Encuesta CASEN, más de 300 mil personas mayores de 15 años en Chile no saben leer. Este problema es especialmente grave entre personas con discapacidad y bajos recursos. «Esto refleja cómo la exclusión durante la educación básica puede tener consecuencias a largo plazo», advierte.

Un Simce para todos

La propuesta de «Simce con los que faltan» busca enriquecer la valiosa información que ya entrega esta evaluación, particularmente en un contexto postpandemia donde las brechas de asistencia y aprendizaje se han profundizado. «Debemos pensar en un reporte que incluya al 100% de los estudiantes que están —o deberían estar— en el sistema, generando estimaciones o indicadores complementarios para quienes no rinden la prueba», concluye Claro.

Integrar esta perspectiva inclusiva ayudaría a identificar dónde están las necesidades más críticas, ya sea en ciertas comunas, niveles educativos o grupos específicos. También permitiría dirigir apoyos concretos y evitar que las decisiones se basen en un panorama incompleto. «La calidad de la educación se mide en la medida en que respondemos a cada estudiante, esté o no presente el día del Simce«, finaliza Claro.